El jueves termina el cargo de María de Lourdes Rosas
El próximo jueves terminará María de Lourdes Rosas Moya su período como consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), por sus siete años en el cargo recibiría una liquidación de más de dos millones 100,000 pesos, y dejará conflictos por resolver que le podrían costar a esa institución alrededor de 23 millones de pesos.
De acuerdo con cálculos basados en sus prestaciones, salario, así como los términos y condiciones de las liquidaciones del personal del Iepac, a la consejera presidenta le corresponde una indemnización constitucional de tres meses de su sueldo, más 20 días por años de liquidación, así como 15 días por cada año como prima de antigüedad, y su parte proporcional del aguinaldo que serían 30 días de salario.
A todo eso faltaría agregar su parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, un estímulo económico de alrededor de 180,000 pesos y un pago más de cinco días anuales, estimando que su salario integrado diario sería de unos 5,200 pesos, en total la liquidación de la presidenta consejera sería de aproximadamente dos millones 100,000 pesos, a lo que faltaría quitarle un 30% de impuestos, por lo cual le quedaría limpios alrededor de millón y medio de pesos.
Respecto a lo que deja de herencia al nuevo presidente del consejo electoral, cabe recordar que está pendiente el amparo de un trabajador que despidió cuando ella iniciaba su periodo, y por el cual según el abogado defensor sumando salarios caídos, aguinaldos, vacaciones y demás prestaciones que le han negado en los últimos siete años, su indemnización deberá ser de alrededor de $11 millones.
Además, tiene pendiente el expediente 94/2020 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán con sede en Mérida, que promueve la empresa Proyectos Integrales de Redes Voz y Datos, S.A. de C.V, que reclama la devolución de equipos de cómputo por el valor de $1.093,761.56 pesos; más $188,673.66 por concepto de daños y perjuicios a febrero de 2020, más lo que se siga generando mensualmente en razón de $8,203.21 pesos.
De este caso ya se presentaron los alegatos y se pidió la citación para sentencia, y es otra denuncia derivada del pleito entablado entre la presidenta y dicha empresa por el caso del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que no se cumplió en 2018.
Este caso del PREP también está pendiente como consta en el expediente 349/2019 del Primer Departamento Judicial del Estado, la empresa reclama el cumplimiento del contrato por costos aproximado a los siete millones de pesos.
Otro expediente abierto, siempre por este caso del PREP, es el FR/0057/2019 presentado por Rigel Bolaños Linares, apoderado legal de la empresa Proyectos Integrales de Redes Voz y Datos, contra María de Lourdes Rosas por Fraude de grado de tentativa, al tratar de cobrar las fianzas sin haber proporcionado la información solicitada por la afianzadora, y el expediente habría sido congelado por el ex fiscal Wilbert Cetina Arjona, quien era su abogado defensor.
Jorge Arias Arguelles, director de Jet Car-rental, reclama el pago de tres millones de pesos, por servicios de transporte de personas y material electoral, en las últimas elecciones.
Un punto que nunca aclaró fue cuando el Consejo General del Iepac aprobó el acuerdo del año pasado, que permite al Poder Ejecutivo retener un millón 6,000 pesos, para apoyar en las acciones a favor de los damnificados por la tormenta tropical “Cristóbal” y los daños a la economía por la pandemia Covid-19, no se supo si se los descontaron o no.
De un vistazo
Fianza
Otro expediente por el PREP es el de Rigel Bolaños Linares, apoderado de la empresa Proyectos Integrales de Redes Voz y Datos, contra María de Lourdes Rosas por fraude de grado de tentativa, al intentar cobrar las fianzas.
Reclamo
También Jorge Arias Argüelles, director de Jet Car-rental, reclama el pago de tres millones de pesos por servicios en las últimas elecciones.
