Próxima reunión sobre la directiva y conflicto legal
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Yucatán negó a la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán (Autamuady) la solicitud de revisión de contrato colectivo con emplazamiento a huelga contra la Uady por falta de representatividad legal de su secretaria general, Sofía Ayil Sierra.
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Con el argumento legal de que la lideresa de la Autamuady tiene vencidas sus dos prórrogas concedidas con motivo de las medidas y restricciones contra la pandemia de Covid-19, la Junta Local no aceptó ni dio entrada al pliego petitorio que tramitó la maestra en Derecho Sofía Ayil.
En mayo de 2020 venció su tercer período estatutario, pero por la pandemia la ha extendido hasta hoy.
Ante la negativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la líder de la Autamuady tramitó un amparo y convocó a sus afiliados a una reunión informativa para este domingo 28 a las 9:45 de la mañana, en la cancha techada de la Preparatoria Uno de la Uady.
Ahí podría anunciar algunas medidas de presión o ceder la secretaría general del sindicato, pero eso sería violatorio de sus estatutos porque no emitió convocatoria de elección formal y escrita, sino que convocó mediante mensajes de WhatsApp.
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Los afiliados a la Autamuady sienten que ellos y sus derechos laborales están en el limbo por el empecinamiento de la maestra Ayil Sierra de mantenerse en el poder sindical. Temen que este pleito legal contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se prolongue y sufran las consecuencias o pierdan algunos derechos.
Gremio universitario
Por la pandemia Sofía Ayil Sierra obtuvo una prórroga de la autoridad laboral estatal hasta el 30 de abril pasado y otra de la autoridad laboral federal hasta el 30 de septiembre. En estos períodos debió convocar a elecciones para que cuando venza su prórroga el sindicato tenga nueva directiva.
No convocó a elecciones
Por alguna circunstancia, la lideresa se mantuvo en el cargo y en virtud de que ya no está reconocida como secretaria general por el vencimiento de sus prórrogas, sus gestiones ya no tienen validez ante las autoridades laborales.
