Control del precio elevaría “ordeña”, dice especialista
Hasta antes del acuerdo que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó para fijar los precios máximos del gas, los permisionarios fijaban los precios libremente, de acuerdo con las cotizaciones del gas LP en el mercado internacional y los costos del transporte, almacenamiento y distribución del combustible, más el margen de ganancia.
Empero, en julio, el gobierno federal acusó a los distribuidores de gas LP de aprovecharse de la liberación de precios, derivado de la Reforma Energética de 2017, para ampliar sus márgenes de utilidad aumentando los precios a los consumidores.
En el caso de Yucatán, de acuerdo con cifras oficiales de Pemex, afirma el economista Antonio Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península, en abril esta empresa vendió el kilo de gas LP a los gaseros del estado en 12.50 pesos y éstos lo distribuyeron en Mérida hasta en $24.84.
Lo mismo pasó con el litro de gas estacionario: Pemex surtió el litro a $4 y los empresarios lo entregaron al público en $13.41, en esa misma fecha.
Cifras más o menos similares se observan en las demás zonas del país y, basándose en estos números, los directivos de Pemex consideraron que el margen de ganancia de los empresarios era muy alto, añade Osorio Acevedo.
“Este es el principal argumento del gobierno para controlar los precios, aunque no toma en cuenta que, además del precio que el permisionario debe pagar a la paraestatal por el combustible, debe absorber los gastos de flete, almacenamiento, distribución a los domicilios, renta de locales, depreciación de los vehículos y mobiliario, etcétera”.
Igual agrega que las empresas gaseras de Yucatán se abastecen de la mayor parte del combustible en el Complejo Procesador de Gas Cactus, de Pemex, en Chiapas, ubicado a 600 kilómetros de Mérida, para lo que utilizan más de 140 pipas, con capacidad de 80,000 litros.
Dificultades
De acuerdo con el entrevistado, especialista en estudio y análisis de mercados, con la fijación de precios la mayoría de las empresas locales, para enfrentar la disminución de sus ganancias —algunas incluso tendrían pérdidas— se verá obligada a limitar su cartera de clientes.
En otros casos habrá empresas que intensificarán la “ordeña” de los cilindros de gas o de los tanques estacionarios.
Ya sabemos que esta práctica ocurre en ciertas gasolineras de Yucatán, pero también pasa con empresas gaseras, menciona Osorio Acevedo.
Por ejemplo, el 27 de marzo, en lo más alto de la escalada de precios, la delegación de la Profeco inmovilizó las bombas despachadoras de gas LP de la empresa “Kukulcán, Gas”, en Umán, pues detectó que entregaban casi 8% menos de gas.
Independientemente de cuánto dure el acuerdo para controlar el precio del gas, esta medida, en contra de lo que pretende el gobierno, estimula la concentración de la distribución de combustible a nivel nacional en pocas manos, como ocurre ahora, señala el entrevistado.
En Yucatán funcionan ocho empresas gaseras, pero solo dos son de capital local, las demás pertenecen a algunos de los grupos nacionales que en conjunto concentran más de la mitad de las ventas de combustible en el país.
Estas son las empresas a las que el gobierno federal acusa de ponerse de acuerdo para manejar los precios. Todas ellas tienen la capacidad de resistir por mucho tiempo la política de control de precios, dice Osorio Acevedo.
“Estos grupos participan en el suministro de gas con varias actividades integradas: importación, comercialización, transporte, almacenamiento y distribución”.
“Si bien esta integración puede ser benéfica por las eficiencias generadas en la operación de estas empresas, también es una condición que inhibe la entrada de nuevos participantes que podrían ofrecer mejores condiciones de calidad y precio”, refiere el economista.
Según el analista, estas grandes empresas no cumplen con la Ley de Hidrocarburos, que establece que las empresas existentes deben hacer públicas sus capacidades de transporte y almacenaje, así como compartir la infraestructura instalada que permita a nuevos actores participar en el mercado.
Se estima que un aumento en el número de competidores propicia reducciones significativas en el precio promedio final del gas LP.
“Por ejemplo, cuando en una región se incrementa de uno a dos el número de distribuidores, los precios pueden ser menores hasta en 6.5%”, indica.
A largo plazo el acuerdo para controlar los precios no pondrá en orden el mercado cada vez más concentrado del gas. “Creo que es una medida provisional y temporal que se está aplicando mientras vuelve a la normalidad el mercado, particularmente en la venta de gas LP en cilindros, pero después todo será igual”, dice Osorio Acevedo.
