Mientras no acotemos la corrupción no vamos a tener un medio ambiente sano, un entorno económico saludable ni manera de abatir la enorme desigualdad social que prevalece en nuestro país, manifestó Lízbeth Estrada Osorio, coordinadora de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) en la Península de Yucatán.
“Fue una frase que me impactó y me dejó pensando…”, subrayó la coordinadora de Cimtra. “Seguir esa huella de dolor nos puede dar no solo ánimos para combatir la corrupción sino las herramientas necesarias para identificar los puntos y hacerlo”.
“En conclusión, hay que acelerar el paso… Como Cimtra vamos a estar presentes, tratando de impulsar esta estrategia nacional desde el espacio que nos toca; que es el estatal, y ver que las cosas se hagan para ir acotando este fenómeno”.
Yucatán, con deshonroso primer lugar
En su participación en un foro virtual del Laboratorio de Políticas para la Seguridad y el Desarrollo, la maestra en Desarrollo Organizacional mostró datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2019; del Inegi, en la que se muestra la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en los tres estados de la Península.
En Yucatán, los partidos políticos estaban ese año en el primer lugar, como los más proclives a actos de ese tipo, seguidos de las policías, los legisladores —senadores y diputados— y Ministerio Público.
En contraste, los habitantes de la entidad seguían confiando más en vecinos, en familiares y en compañeros de trabajo, en ese orden.
La misma encuesta arroja que la mayor prevalencia de corrupción en Yucatán se presenta en trámites con autoridades de seguridad pública. Después están los permisos relacionados con la propiedad y los trámites para abrir una empresa.
Otros conceptos
En el foro, dirigido por Ángel Rodríguez, director general del Laboratorio de Políticas para la Seguridad y el Desarrollo, Lízbeth Estrada mencionó la definición de corrupción que ofrece Transparencia Mexicana: abuso de poder para obtener beneficios privados. También se refirió a los presupuestos asignados a los sistemas locales anticorrupción en la Península. En Yucatán ha ido a la baja.
